Los tristes sucesos que afectan al Estado de Guerrero como consecuencia del Huracán Otis, han dado pie a situaciones políticas lamentables. Ya se ha comentado con amplitud la negligencia gubernamental, tanto a nivel federal como estatal, para actuar con celeridad para prevenir a la población de la inminencia del meteoro y tomar las máximas medidas posibles para amainar los inevitables efectos de un fenómeno meteorológico que, si es culpa de alguien, es del cambio climático, pero que de existir un adecuado plan de protección civil los daños humanos hubieran sido menores, ya que los materiales difícilmente podrían evitarse.
Además de las fallas previas al fenómeno, la actuación posterior de las autoridades dejó mucho de desear pues la lenta e insensible reacción presidencial, su prioridad por su imagen y popularidad, el estar más al pendiente de las críticas que ponerse en acción, y hacerlo de manera inadecuada, han mostrado, una vez más, el tamaño de quien por años luchó por llegar a la Presidencia de la República y no ha estado a la altura del cargo.
Otra lamentable respuesta fue la orden al Ejército para que impidiera la movilización social en auxilio de los damnificados, pretendiendo el control de las entregas y buscando el lucimiento oficial. La forma como se interceptaron las ayudas y el trato que se dio a quienes como en otras tragedias responden solidariamente en auxilio de sus semejantes, fue deplorable. Nos recordó a las acciones semejantes que se realizaron a raíz del temblor de 1985 en la Ciudad de México. Este botón es una muestra más del menosprecio de Andrés López Obrador por la sociedad organizada.
Tuvieron que surgir iniciativas y propuestas desde fuera de la Administración Pública, para que final y tardíamente se diera a conocer el Plan de Reconstrucción y de apoyo a los habitantes de la zona dañada. Pero, finalmente, se hizo.
En este contexto, y cuando ya el Congreso habría aprobado la desaparición de los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, López obrador, “generosamente”, le propuso a la Suprema Corte de Justicia que los 15 mil millones de pesos que se les quitan, se utilizaran en auxilio de los damnificados.
Se trató, desde mi punto de vista, de una falsa propuesta de reconciliación con la Corte y la Presidente Norma Piña. Es un intento descarado de saludar con sombrero ajeno —igual que con los auxilios expropiados por el Ejército y la Guardia Nacional a los donantes de la sociedad civil que acudían en apoyo de los damnificados—.
La ministra Piña —quizá con el acuerdo de sus colegas— respondió me parece ingenuamente, aceptando la propuesta presidencial sobre unos recursos que el Gobierno Federal enfatiza que deben entregarse a la Tesorería de la Federación, según explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La fórmula me parece muy sencilla: te quito lo tuyo y lo de tus trabajadores que tanto defendiste; digo que esos recursos serán útiles en la atención a la zona afectada de Guerrero, aunque al mismo tiempo el Presidente dice que los recursos de que dispone son abundantísimos, y obtengo tu apoyo para dar “buen uso” al despojo.
La propuesta presidencial nos recuerda a Robin Hood, quien les robaba a los ricos para dar a los pobres.
Pero esta vez, recibiría el aplauso y la anuencia de los despojados (no se si de los trabajadores que salieron a defender recursos destinados a ellos. Habría que analizar si, finalmente, lo aprobado en el Congreso es legítimo de acuerdo con la Constitución, pero parece que no se quiere dar tiempo a las controversias y echar tierra al asunto. Aunque tardíamente, parece que se trata de justificar un fin no previsto, más allá de los medios utilizados.
Por su parte, la Corte parece asumir una derrota y resignarse con el “efecto imagen” que pudiera obtenerse con el hecho de que la Corte se “solidarizó” a fuerzas, con los damnificados. Es algo así como decir, “de lo perdido, lo que aparezca”.
